Ante el debate que se está desarrollando en el Parlamento andaluz sobre el Proyecto de Ley de la RTVA, la presidencia del Comité Intercentros planteó en la última sesión plenaria celebrada en Cádiz el pasado 30 de octubre que fuera precisamente una representación de este comité la que expresara su opinión acerca del texto que los políticos andaluces están tramitando. La fórmula que proponía el presidente del comité Miguel Benítez era la habitual: enviar una carta a la cámara autonómica donde se consensuaran los pareceres de los trabajadores de Canal Sur. CGT tuvo que informar al presidente que la Comisión de Coordinación del Parlamento andaluz había citado para esa misma fecha, el 30 de octubre, a los agentes sociales andaluces, incluyendo a los sindicatos mayoritarios (de los cuales y que sepamos sólo acudió un representante de UGT).
CGT-A SÍ que estuvo, además de en el Comité Intercentros, en el Parlamento andaluz y planteó varias modificaciones al Proyecto de Ley que debaten los políticos:
Nuestra organización sindical insistió en la necesidad de garantizar el pluralismo, el acceso, y la atención a la diversidad social y cultural de Andalucía, incluidas por supuesto las minorías, a la hora de configurar las programaciones audiovisuales de la RTVA. Incluso planteamos más y mejores mecanismos de control basados en la acción del Consejo Audiovisual de Andalucía, para que la dirección de la empresa cumpla, sin interpretaciones subjetivas, lo aprobado en su ley. CGT apuesta porque la futura ley refleje que si se demuestra que la empresa incumple su propia norma con resoluciones del Consejo Audiovisual el propio Parlamento andaluz pueda cesar al director general. También rechazamos que sea el propio director general el que ponga los procedimientos y normas de acceso a la programación de los distintos grupos, agentes sociales y culturales, y el que decida lo que es la producción propia, un concepto tergiversado por la dirección de la RTVA en los últimos años y manipulado en cifras a su antojo. CGT cree que el mandato de la persona titular de la Dirección General no debería ser de seis años ni renovable, ya que este amplio periodo de tiempo (hasta 12 años) podría perpetuar el nombre concreto del que ocupara el cargo mucho más allá de los cuatro años de legislatura política. Este mandato no debería superar los cuatro años y, por supuesto, no debe ser renovable. Además, creemos que su designación debería emanar de un amplio consenso no sólo político, sino social y profesional, que contara con la participación de más agentes sociales, económicos y culturales, más allá del puro reparto basado en la representación parlamentaria.
Además, ponemos en duda la eficacia y la validez de un consejo de Administración de la RTVA inoperante hasta el momento y cuyas decisiones están basadas en mayorías simples o absolutas. CGT propone que sean acuerdos de al menos 2/3 del total, lo que reflejaría el consenso de los 15 miembros de este órgano, elegidos por el Parlamento andaluz.
Por último, CGT ha comunicado al Parlamento andaluz que el acceso a la fijeza del personal laboral de la RTVA se debería realizar como recoge la actual Ley de Creación a través de unas pruebas. Eso sí, debería especificarse que consistieran en un concurso-oposición libre y fruto de un consenso generalizado entre los diferentes órganos de la RTVA, entre ellos por supuesto, el Consejo de Administración y el Consejo Asesor. Pero además, planteamos también que la futura Ley de la RTVA debería recoger la obligatoriedad de la empresa en cumplir la legislación laboral vigente en contratación de personal para evitar el ya demostrado “fraude de ley”. |
